La respuesta del gobierno gallego fue asumir las ideas de la patronal, sacarles a las residencias privadas el problema de encima, trasladando a personas con coronavirus a residencias gestionadas por la Xunta. Hay que obligar a las residencias a que cumplan como mínimo con los estándares legales de personal. Tienen que contratar más personal y asumir los costes correspondientes.

Las residencias privadas Ballesol cobran a los mayores material de protección pese a que la Generalitat Valenciana les entregó artículos gratis, Las residencias privadas Ballesol han incluido en la última factura mensual un pago extra de 30 euros para los usuarios en concepto de "gastos que corresponden a la partida por compra de material preventivo para salvaguardar la protección necesaria de los residentes" ante la pandemia de coronavirus.

Los familiares advierten de que ya avisaron de que traer trabajadores de la misma empresa de otras zonas de la Península no solucionaría nada a largo plazo. La residencia Colisée vuelve a estar bajo mínimos después de la polémica que surgió el pasado mes de febrero por las quejas de los familiares de residentes por la atención que se prestaba a los pacientes en este centro privado con plazas concertadas por la Conselleria balear de Bienestar Social. «Hoy por hoy, la residencia se sigue resintiendo por la falta de personal».

El grueso de las residencias de mayores de titularidad privada lo tiene claro: el Estado es quién debe asumir el coste derivado de la asistencia médica de los ancianos. "Un centro sociosanitario no es un hospital, es una casa", sentencia Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste). Su organización agrupa a las empresas líderes del sector. "El virus no entiende de centros públicos o privados, el impacto ha sido similar", asegura Cubero...

...adultas a las que tutela. Cuestionada sobre la razón de recurrir a residencias privadas para las personas tuteladas es la carencia de recursos específicos en el ámbito público, el departamento gubernamental señala que estas son "ayudas reintegrables a tutelados" que "por diferentes casuísticas, no tienen acceso la una plaza de carácter público". Una de estas razones, admite, "puede ser la inexistencia de recursos específicos para sus circunstancias". También, agregan, la Funga recurre a recursos privados durante "la cobertura del

La Comunidad de Madrid trasladó a residencias privadas a 163 mayores durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, por los que pagó a estos centros en concepto de indemnización un total de 1.103.642,34 euros, según los convenios y las respuestas obtenidas a través del Portal de Transparencia, aunque en una consulta anterior la Consejería de Sanidad informó de que el montante total había sido de 1.119.791,70 euros. La Consejería de Sanidad reconoce que, de esas 163 personas, 53 de ellas eran positivas por COVID-19 y 34 negativas. Del resto…

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado que un periodista tiene derecho a acceder a la información del número de contagios y fallecimientos por COVID-19 o síntomas compatibles con esta dolencia entre personas usuarias de residencias privadas de mayores de Galicia, desglosado por centros, entre el 1 de marzo y 30 de abril de 2020.

En abril de 2020 el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía de Madrid para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La conclusión de la Abogacía fue que no procedía hacer ningún abono a estos centros, pero la Comunidad de Madrid ignoró esta apreciación y les indemnizó igualmente. "Creo que es momento de que la Justicia entre a investigar todo esto", afirma Martín.

Clece, la filial de residencias de ancianos de ACS, presidida por Florentino Pérez, ha reclamado a las administraciones un extra de dinero público para compensar los costes «sobrevenidos e imprevisibles» y la disminución de ingresos fruto de la crisis del coronavirus, que cifra en 7,2 millones de euros. Alega también que sus ingresos han disminuido porque muchos mayores han fallecido en las residencias, que no pueden aceptar nuevas altas durante la emergencia sanitaria.

A pesar de que han hecho público su caso y de que el centro ha reconocido algunas deficiencias, más de un centenar de familiares lamentan que la situación sigue prácticamente igual: hospitalizaciones tardías, carencias en la atención del servicio público e incluso falta de personal cualificado. “Se están modificando las pautas de medicación de los residentes sin pasar previamente por la consulta de un especialista y sin la autorización de su médico de atención primaria”, explica una de las portavoces autorizadas a elDiario.

Al menos dos empleados de Colisée Sa Residència, propiedad de un fondo de inversión y acusada de desatender gravemente a los mayores, ejercen como enfermeros sin estar colegiados ni poseer el grado o licenciatura de Enfermería. “Es un caso muy grave”, explica el Consejo General de Enfermería.

En las últimas horas se han registrado 3 nuevos fallecimientos de personas usuarias de las residencias para personas mayores de Álava que eran positivas por COVID-19. Desde el inicio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, se han contabilizado un total de 39 personas fallecidas. De ellas, 7 residían en centros forales, 2 en equipamientos municipales del territorio, y las restantes 30 en residencias privadas.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a los trabajadores y reconoce que las residencias privadas de mayores les negaban el descanso correspondiente. En una sentencia en respuesta al conflicto colectivo presentado por los principales sindicatos, da la razón a sus reclamaciones e insta a las empresas a compensar festivos trabajados y a dar como mínimo 48 horas libres seguidas cada semana.

"Se trata de pagar a las empresas amigas", ha asegurado el presidente de la Comisión de Investigación de las residencias madrileñas

La Xunta paga 74 millones de euros anuales por plazas en las residencias personales de mayores: 25 millones de euros en el Bono Autonomía, debido a la insuficiencia de plazas en la red pública y 49 millones de euros para sufragar plazas concertadas en geriátricos de empresas personales.

Beatriz Fernández, de CIG-Servizos y presidenta del comité de la residencia DomusVi de Ferrol, ha denunciado falta de personal que deriva, según ha expuesto, en una "atención en precario" ."Estamos hablando de que tenemos ocho minutos para lavar, vestir y levantar una persona dependiente". "Qué condiciones laborales son estas y dónde están los derechos de las usuarias y de los usuarios a tener una atención digna", se preguntó en el marco de unas movilizaciones que continuarán en 15 días en Lugo.

El director de la residencia La Fonda Oriental explica que ocurrió el pasado fin de semana, "durante tres o cuatro días" y pide test para residentes y trabajadores

Un trabajo de investigación sobre quiénes son los propietarios de las residencias de ancianos privadas en las que se está viviendo una dramática situación durante la crisis del COVID-19. Las condiciones de estos centros, ya de por sí deterioradas, antes de la pandemia, han contribuido sin duda a que las cifras de infectados y muertes en estos centros sean muy superiores que en los centros de titularidad pública.

Los motivos esgrimidos por parte de la consejería son incumplimientos reiterados de la normativa, al carecer de director, no contar con personal específico de limpieza y no tener reglamento de régimen interior visado. De ejecutarse el cierre, se trataría la segunda clausura de un centro geriátrico de mayores en el Principado este año, tras la residencia de La Pedrera, en Gijón.

La intervención de las residencias de mayores tendría por objetivo, según el plan de choque que prepara Unidas Podemos, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las ratios

El Gobierno regional cree que los traslados "tienen naturaleza expropiatoria" y generan derecho a indemnización, a lo que destinará más de un millón de euros. Algunos centros tienen causas abiertas por delitos de homicidio imprudente.

Todavía generan rechazo y sorpresa las condiciones en las que se encuentran los mayores de la residencia privada de Salvaterra do Miño. Entre otras cosas, los ancianos permanecían “encerrados con llave” en sus habitaciones, sin el material adecuado a sus circunstancias, con colchones rotos y antiguos, con los muelles a la vista y careciendo de los mínimos parámetros de salubridad. El que fuera administrador solidario, hijo del fundador y hermano del actual propietario, está considerado uno de los cabecillas europeos del tráfico de cocaína

La decisión del Gobierno de Castilla y León de mantener ocultos los datos de los fallecidos en las residencias de mayores de la región, negando así la información solicitada por un periodista de infoLibre, “adolece de vicios formales y materiales que la invalidan”. Esa es la principal conclusión del Comisionado de Transparencia de la comunidad, en una resolución notificada este viernes, en la que recrimina al Ejecutivo autonómico entre otros motivos por no tener en cuenta el “interés público” de la divulgación de dichos datos.