La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macro procesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs. Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

El fraude de la formación llega al Sindicato Andaluz de Trabajadores y ha sido denunciado por 18 de sus militantes almerienses que han presentado una denuncia ante el juez decano contra el portavoz nacional, Diego Cañamero, y dos personas más de la organización en Almería, Federico Pacheco y Laura Góngora, en la que se les responsabiliza, entre otras cosas, de irregularidades en los cursos de formación para los que recibieron subvenciones de la Junta de Andalucía.

Pobreza y fracaso escolar son dos variables cuya relación ya no pilla a nadie por sorpresa. Sin embargo, que una lleve a la otra merece al menos una reflexión sobre cuál es el estado de la red que se encarga de proteger a los más pequeños de caer en edades tempranas en la desmotivación, la apatía y el desinterés por el aprendizaje.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, a través de un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que se impute a Manuel Pastrana y a Francisco Fernández Sevilla por el caso de las facturas falsas del sindicato UGT que destapó hace meses la Guardia Civil. Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Anticorrupción considera que la creación de una “central de compras” con la que supuestamente se financiaba ilegalmente UGT a través de fondos para la formación.

Caso Ere: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años.

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, aseguró en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya que le llegaron a "prohibir" realizar labores de inspección sobre los cursos.

Las compañeras de Teresa, que también atendieron a los misioneros en Madrid, señalan que su formación fue insuficiente. "Alguna habría hecho un simulacro. Yo aprendí un momento antes de entrar&qu...

Viñeta sobre el fraude de los cursos de formación, en la parte que afecta a la UGT-Andalucía y sobre el virus del ébola, publicada en el Diario de Cádiz

El Gobierno español envió a otros países un documento explicativo sobre el protocolo puesto en marcha para la repatriación de los dos religiosos españoles infectados por el Ébola. Además, se ha ofrecido para formar a tripulaciones de estos vuelos. Varios países se han interesado por realizar estos cursos.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ve "problema" en que los ciudadanos conozcan qué empresas tienen que devolver fondos de formación que no se han utilizado correctamente, si bien ha advertido de que ello puede "vulnerar" la Ley de Protección de Datos.

Ha afirmado que la relajación de los controles ha provocado innumerables irregularidades en el alumnado y en los contenidos de las acciones formativas. Ha dicho también que se podrían organizar las acciones formativas con un tercio menos del dinero que se aportaba.

El ministro de Defensa inauguró ayer la 25 edición del seminario que organiza el Ejército del Aire en el marco de la cátedra Kindelán, en honor a un mando militar responsable de los ataques aéreos de la aviación de Franco. El rey, presidente de honor de esta cátedra.

La magistrado ha dictado hoy un oficio en el que reclama al Ministerio del Interior que ordene el cese de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional sobre este supuesto caso de corrupción para que todas las pesquisas recaigan en la Guardia Civil, que también lleva más de un año investigando ese tipo de subvenciones bajo la dirección de Alaya.

Heredera de la Expo 92 de Sevilla, la Fundación Forja XXI, uno de los entes instrumentales mimados por la Junta con al menos 5,5 millones de euros en cursos de formación, ha entrado en concurso necesario –no voluntario– de acreedores. CajaGranada exige los 2,4 millones de euros que le adeuda. La entidad financiera reclama esta cantidad que espera “recuperar”, según confirma a El Confidencial un portavoz oficial de la caja, vía la administración concursal que dirige el abogado José Luis Gómez Roldán.En el Boletín Oficial del Estado del pasado...

La Junta de Andalucía ha pedido a la juez Mercedes Alaya que se aparte de la investigación de los cursos de formación, al considerar que la remisión a la Guardia Civil del testigo clave, el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, vulneró el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que solicita que declare la nulidad del auto de 7 de marzo de 2014, por el que se abren estas diligencias, y se envíe la causa al decanato de los juzgados de Sevilla para su reparto.

La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir "vulneración del principio de juez natural"... Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros

La Junta recurrirá la competencia de Alaya para investigar los cursos de formación El Gobierno ha confirmado que enviará la documentación que le reclama la instructora y además, acto seguido, las publicará en su web porque no hay nada que ocultar

El sumario de la Operación Zeta, que investiga una presunta red de fraude de subvenciones públicas con origen en Galicia, incluye una relación de regalos para Feijóo, su conselleira de Traballo y otros altos cargos del Gobierno gallego.La Policía detecta dos supuestos pagos en metálico a los populares por importe de 17.000 euros, la mayoría entregad

Informes contenidos en el sumario de la Operación Zeta resaltan que la "única actividad" de las entidades del empresario Gerardo Crespo era la captación de subvenciones públicas mediante "falsedades" que se mantenían gracias al "nulo control" de la Administración.

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha citado a declarar como imputados el próximo día 3 de noviembre a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ya que considera que hay "pruebas suficientes" de la intervención de ambos en hechos presuntamente constitutivos de delitos de falsificación y fraude de subvenciones.

El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores

El presidente gallego evitó referirse a su amigo por su nombre y proclamó hasta en tres ocasiones que si alguien ha hablado en su nombre en algún sitio lo ha hecho por su cuenta y riesgo.