El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores
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