“La situación creada es un auténtico disparate, una aberración jurídica total ante la incongruencia de lo que, hasta ahora, la normativa de transporte entiende y regula, y la creada en sentido contrario por quienes deben vigilar la seguridad vial, pero sin entrometerse en quebrar las relaciones comerciales de transporte que, para ello, el Ministerio de Fomento es el competente y ha regulado conforme a la Ley de Contrato de Transporte Terrestre”.
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