El controvertido contrato de gestión de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos por casi 500 millones de euros, adjudicado en 2008 por el Gobierno de Camps (PP), tuvo un desconocido —hasta hoy— beneficiario: una empresa vinculada al grupo de material sanitario Imex, que se hizo durante 3 años con el 8% de la concesión. Entró en el negocio el mismo día de la constitución de la UTE Erescanner Salud, la adjudicataria, y lo vendió 3 años más tarde a uno de los socios, Eresa.
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