Durante el 2016 se han llevado a cabo 56 paralizaciones de obras inmediatas, cuando sólo hubo 8 en los dos últimos años. Este hecho, según el Consell, se debe al protocolo de actuación que se puso en marcha en enero, ya que cuando se detecta una obra ilegal se solicita inmediatamente la suspensión voluntaria de las obras; si el propietario no las detiene, se precintan. Tal vez el dato más llamativo corresponde a los expedientes sancionadores iniciados.
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