El de Patrimonio es otro de los impuestos de la discordia en España. Denostado (como el impuesto de Sucesiones) por quienes creen que supone una doble tributación –primero cuando se obtiene el bien, después por mantenerse– y considerado como un mecanismo redistributivo por otros, se trata de un tributo autonómico. Por tanto depende de cada comunidad su regulación o bonificación. Las bonificaciones autonómicas permitieron un ahorro de 273 millones de euros, la mayoría en la Comunidad de Madrid, a 350 de esos multimillonarios.
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