La suspensión de los presos políticos se ha convertido en una patata caliente que quema a manos de los responsables de la decisión. En menos de 24 horas, el presidente de la sala que juzga el procés, Manuel Marchena, ha replicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le ha pedido un informe sobre la aplicación del artículo 384bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), del cual se tendría que desprender la suspensión de los diputados por el hecho de estar en prisión provisional por delito de rebelión.
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