Una de las promesas estrella de Ada Colau, la municipalización del agua de Barcelona, ha quedado seriamente tocada este miércoles. El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha avalado la legalidad de la empresa mixta creada en 2012 entre Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (entonces gobernada por CiU y el PSC) que suministra el agua a los hogares de casi tres millones de personas residentes en 22 municipios del cinturón de Barcelona y la propia capital catalana.
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