La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conocía las irregularidades de las subvenciones para la formación de parados y ocupados pero no informó de ellas al Parlamento de Andalucía ni a la opinión pública. Su conocimiento viene demostrado por los ocho informes de la Intervención General que fueron terminados y firmados por sus responsables a mediados de 2014.
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