El TEDH ha condenado a España por considerar que las sentencias dictadas por los tribunales nacionales no dieron una respuesta adecuada a la exigencia que recoge la ley de obtener el consentimiento por escrito para las operaciones quirúrgicas. En su sentencia el TEDH concluye que ha habido una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos a causa de la injerencia en la vida privada del paciente, y España tendrá que indemnizar con 24.000 euros a los padres del menor que fue sometido a un procedimiento médico sin consentimiento escrito
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