Empleados públicos de la institución piden a la Fiscalía que investigue si los diputados populares han podido cometer prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing por su política "mafiosa" para beneficiar a tres funcionarios afines al frente del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), varios de ellos miembros del PP. Se trata de una ofensiva judicial sin precedentes.
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