La propuesta del Partido Socialista del País Valenciano de modificar dos leyes para "avanzar hacia la abolición de la prostitución" ha reabierto el debate sobre las ordenanzas municipales que prohíben y sancionan el trabajo sexual. La Alianza Prodrets de Castellón, Alicante y Valencia (APROCAV), que aglutina a trabajadoras sexuales y casi una decena de colectivos feministas y antirracistas, denuncia que el modelo legislativo abolicionista las expone a una mayor “precariedad, clandestinidad e inseguridad”.
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