La ofensiva de la familia Luksic, propietaria del 3,5% de las acciones de Banco Popular en el momento de su resolución y posterior traspaso por un euro al Banco Santander, para documentar la masiva retirada de fondos depositados en la entidad por parte de administraciones y organismos vinculados al sector público justo antes de su intervención ha tropezado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución dictada el pasado 14 de marzo ha desestimado la reclamación de Aeris Invest
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