El Tribunal Constitucional ha anulado la ley catalana que grava la producción de energía nuclear, impugnada por el Gobierno en julio del año pasado. La Generalitat, por su parte, alegó que existen diferencias entre ambos impuestos, ya que mientras el estatal grava el material resultante del proceso de producción de energía eléctrica termonuclear -los residuos radiactivos-, el autonómico se aplica al combustible nuclear que se introduce en el reactor, por el riesgo para el medio ambiente que entraña.
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