El Tribunal Constitucional echa un jarro de agua fría a los miles de productores de electricidad (con Iberdrola a la cabeza) que emprendieron una batalla legal contra el impuesto que grava con un 7% el valor de la generación de electricidad. El Alto Tribunal no ve inconstitucionalidad alguna en el tributo, creado por el primer Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 como uno de los pilares de su reforma energética. Un golpe que algunas fuentes jurídicas consideran definitivo, aunque el caso formalmente aún sigue vivo.
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