La caza es una actividad sobreprotegida políticamente. A la hora de redactarse normativas y regulaciones que le afecten puede rastrearse cómo no es extraño que los intereses cinegéticos acaben beneficiados. Ahora, el Tribunal Supremo ha puesto fin a las autorizaciones de caza indiscriminadas que las comunidades autónomas deben firmar cada temporada. Según el criterio de los magistrados las ordenes tienen que justificar mediante un estudio que el estado de conservación de cada especie que se permita matar es compatible con la caza.
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