Cuando la Comisión Europea dio su primer toque de atención a España por la situación de las depuradoras, en 2011, Andalucía ya lideraba la lista con 13 aglomeraciones urbanas que incumplían la directiva 271/91. La Comunidad puso en marcha su controvertido canon de depuración: tres euros en el recibo trimestral del agua que irían dedicados exclusivamente a financiar esta exigencia europea. Tras ocho años, el impuesto ha recaudado 580 millones de euros. Sin embargo, los sistemas de depuración no han llegado a tiempo.
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