En ese sentido, un estudio que analizó las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido) y Canadá indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones, unas 2.500 en España, según han calculado los autores
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