La propuesta supone un salto cualitativo respecto al debate que hasta ahora se había dado sobre las cláusulas sociales en la contratación, permitirá incorporar criterios inexistentes hasta ahora, como son los de género, comercio justo y sostenibilidad medioambiental a los que hasta ahora se venían planteando para mejorar los procesos de adquisición de bienes o adjudicación de obras y servicios. La contratación socialmente responsable y sostenible es un recurso fundamental de cara a facilitar la creación de empleo digno y de calidad.
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