A finales de febrero de este año, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibía un contundente informe de 16 páginas en el que se le detallaban diversas sentencias de los tribunales y una incipiente investigación de la Comisión Europea sobre la contaminación de toda la cuenca del Llobregat, que abastece de agua al área metropolitana de Barcelona.
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