Si un partido ha ganado elecciones mediante una financiación ilegal ¿no debe entenderse que su victoria es ilícita y que esa irregularidad contamina toda su acción de gobierno? Si es patente que las empresas privadas financian los partidos que gobiernan para que lo hagan como les gusta (con reformas, leyes, recortes de derechos y prestaciones, privatizaciones, concursos...) ¿entonces no debería declararse ilegal todo lo que se ha regulado y legislado mediante el rodillo parlamentario y mediante decreto en la anterior legislatura?
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