Para iniciar los trámites de inscripción en el Registro Civil y comenzar la cuantificación “final” de los represaliados en España, los familiares directos interesados tienen que llevar a cabo un complejo proceso judicial que puede llegar hasta los 2.000 y 3.000 euros de coste. Espinosa apunta que uno de los requisitos de las inscripciones fuera de plazo ha sido “aportar testimonios del hecho, cuestión que siempre, antes por unas razones y ahora por otras, ha resultado problemática”.
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