Enfrentada a un monumento histórico del renombre y de la importancia de Stonehenge, la lógica dicta que es el gobierno de la nación de turno el propietario y el encargado de su conservación. A día de hoy estaría en lo cierto, pero tan sólo como fruto de un proceso reciente de reconocimiento de la importancia del patrimonio por parte de los poderes públicos. Hace no demasiadas décadas, catedrales o monumentos de toda condición aún pertenecían a manos privadas. En el caso de Stonehenge, a un acaudalado abogado del sur de Inglaterra.
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