En fin, creo con el caso de José Ricardo De Prada nos encontramos ante un capítulo más del acoso, más o menos velado, que en España se somete a jueces que se caracterizan por un compromiso con la garantía de los derechos fundamentales y la efectividad del Estado de Derecho. La postura del ministro es, en su línea, ridícula e impresentable; la de la Fiscalía, preocupante.
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