La Fiscalía de Madrid ha constatado que los créditos que Avalmadrid concedió a empresas en mala situación económica y cuyos accionistas estaban vinculados con su Consejo de Administración, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán, se dieron de forma "fraudulenta" y podrían constituir delitos, pero no ha entrado a valorar porque, de confirmarse esos indicios, todo estaría prescrito.
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