Las entidades de riesgo CRM e Inicap, de las que la Comunidad de Madrid es la máxima accionista, invertían en proyectos que luego eran garantizados por Avalmadrid y que acabaron en ruina. Cifuentes las definió en una conversación recogida en el sumario del caso Lezo como "dos sociedades dedicadas a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) como lo de Avalmadrid, pero peor".
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