Que el fraude superara los 120.000 euros y que las "facturas inventadas" dejaran claro el dolo solo dejó un camino a la Agencia Tributaria: elevar el informe a la Fiscalía. Técnicos de Gestha apuntan que la pareja de la presidenta madrileña ya habría pagado y penalistas no descartan una petición de penas alta, si hay proceso judicial
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