El concejal socialista en funciones Francisco Gutiérrez, en su cargo de presidente de la mancomunidad depuradora Saleal, ha adjudicado, vía decreto fechado el 31 de mayo, por 100 millones de euros y por 25 años, la gestión de la estación depuradora de vertidos a la empresa Aquagest, en UTE con la sociedad limitada Gestión Integral del Suelo. Saleal acuerda por unanimidad firmar el contrato sin resolver los recursos de otras empresas licitantes. La oferta final es 10 millones más cara que otras propuestas.

Nueva redada en la capital gallega de la juez que dirige la Operación Pokémon con cuatro detenidos en Galicia y otros tantos en Cataluña

La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga varias tramas por el pago de sobornos a cargos municipales por parte de empresas para hacerse con concesiones de ayuntamientos, decretó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza del gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez. Se le imputan los delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y revelación de secretos. Las investigaciones que afectan al Ayuntamiento de Santiago en esta segunda fase de la Pokemon se centran en dos supuestas tramas.

La juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye la operación Pokemon y su segunda fase, denominada Manga, ha extendido ya a 15 ayuntamientos sus investigaciones encaminadas a descubrir una supuesta trama dedicada a la consecución de contratos de obras y servicios municipales a empresas privadas a cambio de favores o propuestas ilegales. En el centro de la investigación, según aseguran fuentes conocedoras del caso, estaría la empresa Aquagest, dedicada a la prestación y servicios y obras hidráulicas.

El que fue director territorial de Aquagest en Galicia, Henry Laíño López, fue detenido ayer en el aeropuerto madrileño de Barajas por orden de la jueza lucense, Pilar de Lara, en el marco de la operación Pokémon. Este apresamiento se produce porque los investigadores manejan abundante información según la cual este hombre sería clave en el entramado que es objeto de pesquisa y que afecta principalmente al Concello de Santiago.

Aquagest, que obtuvo 30 puntos frente a 25,80 de Acciona y 25,10 de Aqualia, se queda sin el contrato de gestión del agua porque la Mesa de Contratación estableció otra puntuación - La Tribuna de Ciudad Real

El detonante ha sido un informe del técnico municipal que no ha sido tenido en cuenta por la mesa de contratación para la adjudicación. La adjudicación durante veinte años del contrato del ciclo integral del agua de Almodóvar del Campo a la empresa Acciona y el hecho de que la mesa de contratación no tuviese en cuenta el informe del técnico donde la empresa Aquagest obtenía la mayor puntuación, han generado la polémica e incluso el aviso sobre la interposición de un contencioso administrativo por parte de la empresa Aquagest

El SVA confirmó a De Lara que la esposa del delegado de la empresa trabajaba, a su vez, en el Concello de Ourense

Aquagest, filial de Aguas de Barcelona, pagaba sobornos a ediles de ayuntamientos gallegos, inflaba facturas y colocaba a enchufados políticos con el objetivo de hacerse con contratos millonarios de gestión de aguas. El más clamoroso, el de Santiago, de 18 millones de euros: "si conseguimos renovarlo ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, directivo de la empresa.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Avilés ha dictado una providencia en la que cita a la entidad Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas, S. A., a través de su representante legal, en calidad de imputada por la presunta comisión de un delito continuado de tráfico de influencias, así como de un delito continuado de fraude y exacciones ilegales.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Avilés investiga una estancia del también líder del PP en Catabria en el Balneario de las Caldas, en Oviedo. Delgado habría realizado varios gastos en ese establecimiento por cuenta de la empresa Aquagest. La magistrada imputa a esta empresa, centro de trama corruptora del Caso Pokemon, la comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.

En su momento el presidente popular, Ignacio Diego, explicó que cuando se dio cuenta de esos pagos los había asumido un empresario privado con el que coincidió en el balneario trató de devolver el dinero. El asunto está en los tribunales. Más información (AEDE): www.eldiariomontanes.es/cantabria/201412/17/informe-policial-dice-aquagest-20141217223628.html

El Servicio de Vigilancia Aduanera remitió a la juez Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon, un informe sobre el presupuesto pago de viajes por Aquagest a un sobrino y una hermana de José Luis Baltar (expresidente de la diputación de Ourense (PP)).

El caso Aquagest, referido a los viajes pagados a políticos, por la empresa de gestión del agua ha dado un espectacular paso adelante con la implicación de 23 cargos públicos y altos funcionarios de ayuntamientos asturianos.

El auto de la jueza Elena González ha relatado los mecanismos que utilizaba la trama Aquagest en Corvera. Un presunto entramado empresarial y político que incluía un suculento reparto de comisiones a través de facturas fantasmales y obras ficticias o hinchadas. Estos son sus principales protagonistas.

La empresa concesionaria del agua de Cartagena, Aquagest, pagó "viajes de placer" entre 2005 y 2012 a la entonces alcaldesa y ahora senadora del PP, y a otros concejales de sus equipos de gobierno tras varias decisiones que beneficiaron a la compañía, según los investigadores de la trama de corrupción Pokemon. Barreiros está también procesada por el Tribunal Superior por el "caso Púnica".

Los de Asturias tendran que seguir con el proceso Aquagest, que investiga el posible pago de favores de esta empresa a cargos públicos a cambio de contratos. Están investigados, entre otros, el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Canuedo, y el exconcejal popular en Gijón, Manuel Pecharromán.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha condenado al fundador y exconcejal de la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) en el Ayuntamiento avilesino, Miguel Ángel Villalba, y a su hermana María Elena, también exedil, a una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por el Caso Aquagest, relacionado con la adjudicación y gestión de las piscinas de Corvera. Los dos hermanos, que también deberán pagar sendas multas de 358.000 euros, han sido condenados por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y cohecho