Aquagest, filial de Aguas de Barcelona, pagaba sobornos a ediles de ayuntamientos gallegos, inflaba facturas y colocaba a enchufados políticos con el objetivo de hacerse con contratos millonarios de gestión de aguas. El más clamoroso, el de Santiago, de 18 millones de euros: "si conseguimos renovarlo ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, directivo de la empresa.
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