El Congreso de los Diputados comenzará a tramitar este jueves el Proyecto de Ley de Seguridad Privada impulsado por el Gobierno, que otorga a la seguridad privada el papel de refuerzo de la seguridad pública. La nueva ley establece que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública, así que agentes privados realizarían funciones de control, bajo mando de los cuerpos policiales, en lugares como los centros penitenciarios o los centros de acogida de extranjeros.

La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP, PNV y CIU permitirá a las empresas de seguridad privada realizar actividades hasta ahora reservadas para las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los grandes beneficiados por la ley de seguridad privada es la extrema derecha valenciana, sobre todo el partido ultra España 2000, cuyo líder es copropietario de Levantina de Seguridad, que cuenta con multitud de vigilantes que forman o han formado parte del partido ultra España 2000.

La Federación de Servicios de UGT manifiesta su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Privada porque se privatizan servicios en detrimento del empleo y de la seguridad pública. Además, la ley no protege a los vigilantes en su conjunto, tal y como había prometido el Gobierno y la Policía. No elimina el intrusismo, al contrario, lo legaliza en manos de las empresas de seguridad para que amplíen su facturación en una parte del sector que se les escapaba, en detrimento de los trabajadores de la seguridad privada.

La seguridad es fundamental para los ciudadanos y si la protección pública no es suficiente la mayoría tiene claro que no le importaría estar más seguros con el apoyo de las empresas de seguridad privada. La ley limita las competencias a este sector pero también se le reconoce como un complemento a la seguridad pública y un estudio de opinión encargado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) -que agrupa a trece empresas que acaparan casi un 80 por ciento de la facturación total del sector- pone...

El secretario de Estado de Seguridad ha destacado “el especial trabajo que realizan las empresas de seguridad privada y sus empleados. Son colaboradores indiscutibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar un alto grado de seguridad a nuestra sociedad”.

La reforma de la Ley de Seguridad Privada que está a punto de culminar el Gobierno ha disparado la demanda de cursos de formación para conseguir el título de vigilante de seguridad, un requisito imprescindible para poder trabajar en este sector. La nueva norma ampliará las facultades actuales de los vigilantes privados, facilitando que las compañías de seguridad asuman servicios que hasta ahora sólo podían ejercer los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad. El sector espera multiplicar sus cifras de negocio en los próximos años.

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo, lo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

La inseguridad que los argentinos sienten desde la grave crisis económica y social de 2001 ha incrementado la presencia de personal de seguridad privada, que ya casi dobla en número a los efectivos policiales que hay en el país. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi), actualmente son más de 200.000 los trabajadores de la seguridad privada. En tanto, se calcula que son 80.000 los efectivos de la Policía Federal mientras que unos 40.000 pertenecen a las fuerzas de seguridad de otros distritos del país.

Según el texto aprobado el pasado día 10 de Diciembre de 2013 por el congreso de los diputados la seguridad privada, podrá desempeñar funciones de solo destinadas a los FCSE.Y es que basta con leerse el texto aprobado en el congreso de los diputados el pasado día 10 de Diciembre para que este punto sobresalte, por encima de los demás.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que la Ley de Seguridad Privada pretende ayudar a la consolidación de un sector en pleno auge, que contribuirá de forma decisiva y bajo los principios de subordinación y coordinación a la mejora de la seguridad pública. Según Martínez, el proyecto que se remitirá al Senado tras su aprobación este miércoles en la Cámara baja "quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada", que da empleo a unas 90.000 personas y que factura anualmente más de 3.600 millones de...

Los retrasos para una consulta en Atención Primaria, 7,76 días de media, está derivando en un aumento de población que suscribe seguros privados y, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), "por cada día más de demora, 289.000 personas se hacen un seguro privado". La Comunidad de Madrid lidera el porcentaje de población con aseguramiento privado, el 38,11%, seguido de Cataluña (32,82%) y Baleares (30,10%), mientras que el porcentaje más bajo se da en Navarra, 10,79%.

En ningún caso un profesional de la seguridad privada tiene la consideración de agente de la autoridad y menos el carácter de agente de la autoridad, ya que eso se tiene por el hecho de ser miembro de las fuerzas y cuerpos de la seguridad. Añadió que en estos momentos y que casi seguro se quede así, en la nueva ley, los profesionales de la seguridad privada tendrán esa consideración si se dan cuatro circunstancias concretas a la vez, como son: que en el ejercicio de su labor el profesional de la seguridad privada, actuando bajo las ordenes o en

Según ha podido saber la Cadena SER, el departamento de Rubalcaba ha respondido a una petición del Ministerio de Defensa que, ante la imposibilidad de dar cobertura militar a todos los buques españoles que solicitan protección en aguas del Índico, pidió hace meses a Interior que flexibilizase los criterios exigidos a los mercantes para poder embarcar agentes de seguridad privada.Un buque español perteneciente a 'Tyco Marine' navega ya con 10 agentes de seguridad privada a bordo, tras haber sido el primero en obtener el permiso del Ejecutivo

Un seguro privado de sanidad obligatorio para los que más tengan. La Generalitat de Cataluña ha lanzado la idea de que los ciudadanos, a partir de un determinado nivel de renta, tengan la obligación de contratar una póliza privada. Sería un paso más a la privatización de la sanidad. Cataluña es la comunidad que tiene una mayor proporción de camas privadas, en concreto el 58 por ciento del total.

El número dos del Ministerio del Interior ha admitido abiertamente que la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Privada, que permitirá a los vigilantes cachear y detener en la calle, tiene entre sus principales objetivos, ayudar a consolidar ese sector económico que ha sufrido dificultades durante la crisis. Lo ha dicho en un acto organizado por una empresa de seguridad privada.

El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA. En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula?..

MeWe es una nueva red social, perteneciente a Sgrouples, Inc, cuyo objetivo es el de garantizar a los usuarios la capacidad de comunicarse de manera privada y segura. Bajo el lema “Unirse a la revolución de la privacidad”, MeWe pretende ser una plataforma segura y privada que inspire a sus usuarios a comunicarse libremente; y que lo hagan en línea con la misma confianza de como lo hacen fuera de línea.

"No queremos policías vigilando edificios, salvo casos como el de Cibeles, todos estarán en las calles. Se sustituirá por seguridad privada, que en muchos distritos ya está así. Nos apoyaremos en la seguridad privada porque los madrileños quieren que su policía esté en la calle atendiendo sus problemas".

Hay muchos motivos para contratar un seguro sanitario privado. De todos los posibles, hay dos que no deberíamos permitir como sociedad: I) que las listas de espera sean tan largas que la gente sienta que no obtiene la asistencia que necesita en el momento en el que la necesita y II) que la población no tenga acceso a la atención sanitaria fundamental que se lleva a cabo en la atención primaria. Un 24,4% de la población española tiene un seguro sanitario privado. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje se dispara al 38,1%.

La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) advierte que hay "errores graves" en los pliegos del concurso público. Los servicios de seguridad privada en los centros de salud y hospitales de la comunidad gallega acaparan habitualmente muchos titulares y casi nunca por buenas noticias. A las agresiones que sufren los trabajadores por parte de usuarios y las empresas "pirata" -como las califican los sindicatos.

Román Rodríguez ha alertado en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias sobre el “aumento del deterioro de la Sanidad pública”, “en plena crisis, aumenta el aseguramiento sanitario privado”. Rodríguez, que pidió la comparecencia de la consejera Brígida Mendoza para que valorara el informe de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, ha insistido en que “el sistema está colapsado, está atascado”, como lo demuestra que “todo retrocede, menos los seguros sanitarios privados, que están en progresión geométrica”.

La seguridad privada no supone ahorros para el contribuyente. Al contrario, cuesta el doble que la seguridad pública. Es la principal conclusión del informe presentado en la mañana de este viernes por la Unión Federal de Policia (UFP). “Si nos fijamos en el proyecto piloto de la contratación de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios, vemos como el coste de cada trabajador se eleva a 3.233 euros/mes frente a los 1.600 de un policía nacional”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.