La nueva Ley de Seguridad Privada en la que está trabajando el actual gobierno consideraría agentes de la autoridad al personal de seguridad privada bajo cumplimiento de los artículos que lo desarrollan. Así pues, y si estos artículos no se modifican desde el anteproyecto hasta la aprobación de dicha ley, el personal de seguridad privada tendría la consideración legal de agente de la autoridad.
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