Los vientos comienzan a soplar contra los tratados de inversión y de libre comercio cuya cláusula de solución de controversias entre inversores y Estados permite a las empresas extranjeras presentar demandas contra los países anfitriones por indemnizaciones de miles de millones de dólares. El sistema permite que los inversores presenten demandas ante un tribunal internacional, por lo cual se pasan por alto las leyes y los sistemas judiciales nacionales.
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