Obliga a las empresas de redes sociales a designar a un representante y a mantener sus servidores en Turquía. Deberán almacenar datos de los usuarios en el país. Plazo de 48 horas para eliminar contenido que las autoridades consideren "ofensivo". En caso de no cumplir con sus obligaciones enfrentarían multas de entre 1.500 y un millón de dólares. El Gobierno argumenta que la ley es necesaria porque las compañías no han tomado medidas contra actividades como el acoso sexual, los juegos de azar ilegales, fraudes y apoyo al terrorismo.
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