El sindicato UGT ha pedido a todos los grupos parlamentarios que rechacen el real decreto aprobado el pasado 28 de septiembre en consejo de ministros y que significaría un duro golpe, si no mortal, para la actividad de plataformas que trabajan con licencias VTC como Cabify y Uber, y ha pedido una nueva redacción que proteja a las 15.000 familias que dependen de esta actividad.
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