Las víctimas de los delitos más graves podrán desde este miércoles, con la entrada en vigor del Estatuto que regula sus derechos, exponer su opinión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que éste decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores. Permite, además, que se recurra la decisión final del magistrado en delitos de terrorismo, homicidio, aborto, lesiones, torturas, trata de seres humanos, robo con violencia, contra la integridad moral o contra la la libertad sexual.
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