La sentencia, que consta de 1804 páginas, establece que los acusados son culpables de los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia grave y continuada, rebelión e intento de asesinato de España. Esta última última pena, que no constaba en la fase de instrucción del proceso y habría sido introducida a posteriori, sería la más grave de todas las expuestas.
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