La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de interponer una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo abordar el problema de los abusos de la temporalidad en el sector público, en el que incide también la legislación europea a través de su correspondiente directiva, puede suponer un antes y un después en el tratamiento jurídico de esta complicada situación. El TSJG cree que España podría estar vulnerando la normativa europea al descartar los abusos de temporalidad en la Administración pública.
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