La aprobación de esta ley conlleva la modificación de los decretos del currículo de los niveles de enseñanza no universitaria y los decretos de jornada y horario para disminuir hasta el “mínimo legal” la carga horaria de las enseñanzas de la religión y sus alternativas reguladas con carácter básica en la normativa estatal, así como la inclusión de un espacio curricular para la educación en el ejercicio de “una ciudadanía activa, crítica y responsable”.
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