En estas, por una parte, los populares instan al Gobierno a suspender cualquier trámite que conlleve “medidas restrictivas de derechos”, como el cierre o limitación de chiringuitos y espacios de bar, cafetería u otros servicios, en áreas de litoral, a consecuencia de la aplicación de las novedades reglamentarias operadas tras la reforma del Reglamento.
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