La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esgrime "la relación de confidencialidad cliente-abogado" para no detallar los conflictos de interés en los que se ha visto inmersa su presidenta, Cani Fernández, desde su nombramiento en junio de 2020. El último expediente en el que se ha tenido que inhibir Fernández ha sido la multa de 61,2 millones a un cártel de 12 empresas constructoras por repartirse contratos de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento.
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