El acuerdo alcanzado este martes en el Gobierno para aprobar la futura Ley de Vivienda estatal tiene letra pequeña. Una de las 'cláusulas' de la normativa en ciernes afecta a los grandes tenedores personas jurídicas, que son, en realidad, los fondos de inversión o entidades financieras. El Ejecutivo ha acordado en este sentido contemplar una moratoria de 18 meses para la aplicación de la norma a estos grandes tenedores.
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