Primero fue el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, luego la Unesco y la Comisión Europea, la semana pasada. Ahora, es el Gobierno de España, a través de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, su malestar ante la reforma legal presentada por PP, Ciudadanos y Vox para convertir 1.460 hectáreas de Doñana en suelo regable.
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