El juez acepta el argumento del organismo público de que no puede entregar aquellos otros datos de los que no dispone, pero lo condena al pago de las costas judiciales al apreciar mala fe durante el procedimiento. Destaca además que el hecho de que Patrimonio Nacional admita que no tiene información que debería obrar en su poder "permite hacerse una idea sobre cómo desarrolla o ha desarrollado sus funciones"
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