Compensar a las empresas constructoras por el encarecimiento de materiales, como pretende hacer el PP a través de una ley gallega solo aplicable a la Xunta, “podría incidir en la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre los contratos y concesiones administrativas” regulada en el artículo 149 de la Constitución Española y “podría también afectar a la unidad del comprado contractual público”. A pesar de esas advertencias que vienen de realizar los servicios jurídicos del Parlamento de Galicia y que abocarían...
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