El 9 de julio de 2015, la estimación del número de registros robados había aumentado a 21,5 millones, esto incluía los registros de las personas que se habían sometido a verificaciones de antecedentes, pero que no eran empleados del gobierno actuales o anteriores. Poco después, Katherine Archuleta, a la sazón directora de la OPM, renunció “voluntariamente” a su cargo. El escándalo había sido mayúsculo.
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