Durante el pasado año, en España se llevaron a cabo 361 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de Propiedad Intelectual del Software, según datos aportados por la Business Software Alliance (BSA). En concreto, BSA se centró en informar a las pymes, un segmento en el que el uso de software ilegal en España se estima que asciende al 70%, a través de un campaña fruto de un acuerdo firmado en 2005 con la Agencia Tributaria.
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