La Justicia tiene difícil probar la existencia de delitos entre los titulares de las 86 tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. El diseño de las tarjetas impide que nadie cobre por ellas más de 120.000 euros al año, la cifra que constituye delito ante la Hacienda Pública. Bankia ya ha remitido un dictamen de sus abogados a la Fiscalía en el que asegura que no se puede probar el "dolo" de los beneficiarios de las tarjetas.
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