El administrador del colegio privado Santa Illa, en el distrito de Chamartín, y cuyos bienes fueron embargados este jueves, conocía la advertencia del posible embargo desde el pasado 31 de enero, según ha informado el funcionario responsable de la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social, Andrés Ruiz, que ha acudido al centro.En declaraciones a los medios ha explicado que se solicitó la declaración judicial porque el administrador «se había negado expresamente» a que los funcionarios entrasen a la finca.
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