El organismo que dirige Joan Llinares, que vigila el cumplimiento de la legalidad y los procedimientos administrativos en la Comunidad Valenciana concluye que el Ayuntamiento de Valencia vulneró entre 2015 y 2019 las limitaciones retributivas que marca la Ley de Bases de Régimen Local, al establecer un "complemento especial de responsabilidad", propuesta de Ribó, gracias al cual todos los ediles cobrarían al menos lo mismo que aquellos con dedicación exclusiva, un complemento que en la práctica superaba la dedicación completa.
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